Si usted recuerda la película Frost/ Nixon, aquella que narra las entrevistas de 1977 entre la personalidad de televisión británica, David Frost, y el ex presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, tres años después del escándalo del Watergate, coincidirá conmigo que el momento  cumbre de la cinta es cuando Nixon confiesa a Frost su intromisión en dicha investigación; no obstante, el ex mandatario consideraba que por ser presidente no estaba mal dicha intromisión.

Algo similar sucedió la semana pasada en Palacio Nacional. El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo que la “autoridad moral” que tenía por su cargo estaba por encima de la Ley, al ser señalado de violar la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, o Ley de Transparencia, por revelar el número celular de Natalie Kitroeff, corresponsal del The New York Times en México.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) inició de oficio una investigación por la transgresión legal que se hizo desde la mañanera. “Por encima de esa ley, está la autoridad moral, la autoridad política, yo represento a un pueblo que merece respeto”, dijo el mandatario al ser cuestionado sobre la divulgación de los datos de la corresponsal.

En este episodio, la seriedad de la investigación a la que se hace alusión en el reportaje del periódico neoyorquino (posibles vínculos entre el narcotráfico y la familia del presidente López Obrador durante la campaña del 2018) queda minimizada ante una transgresión real y flagrante del marco legal mexicano.

El presidente, figura de máxima autoridad en el país, manifestó abiertamente que romper la ley está bien por el cargo que ostenta. Una postura sumamente contradictoria con el mensaje de transformación moral que se ha querido transmitir desde el gobierno de turno.

Con esta actuación el presidente burló una Ley que busca salvaguardar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas, y que en su artículo 3º establece criterios específicos sobre el uso de datos personales que pueden afectar la esfera más íntima del titular de los mismo, y que si se usan de manera inadecuada podría dar lugar a discriminación o significar un riesgo significativo para el individuo.

Nada de esto importó, y se expuso a Kitroeff ante un país donde se han asesinado a 43 periodistas en lo que va del sexenio. La solución que dio el Presidente de la República a la corresponsal nació de la misma soberbia que lo llevó a decir que su autoridad está por encima de la Ley. “Que cambie de número”, dijo.

Kitroeff podrá cambiar de número, seguramente ya lo hizo, pero México no podrá cambiar un episodio más de transgresión a las leyes de nuestro país, esta vez en televisión nacional.